Jueves, 21 Febrero 2019 11:23

Taxistas contra la corrupción.

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Dirigentes del G-10 que integra a varias organizaciones de Radio Taxis y Bases de Sitio en la Ciudad de México, exigen a las autoridades responsables de la capital del país se dé marcha atrás al acuerdo del 15 de julio de 2015, mediante el cual se pretende dar legalidad a la operación de las aplicaciones extranjeras de transporte de pasajeros, “que nació de un acto de corrupción en el que se vio involucrada la anterior administración”. En una rueda de prensa en el Zócalo de la ciudad, tras una movilización que integró a taxistas de diferentes organizaciones y más de 20 estados de la República, denunciaron que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 258 y 260, reafirma la ilegalidad del mencionado acuerdo, porque los autos con los cuales están dando el servicio las ocho empresas extranjeras carecen de la concesión o permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad, para prestar el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en el Distrito Federal. Motivo por el que, expresaron, “los dueños de los vehículos, directivos y trabajadores de las empresas que utilizan aplicaciones sin contar con la concesión correspondiente de esta ciudad”, deben hacerse acreedoras de las sanciones contempladas en la ley, como son pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de setecientos a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión correspondiente”. Contrario al acuerdo del gobierno anterior que les permitió operar de forma tolerada, los prestadores del servicio con estas aplicaciones incumplen los mandatos de su operación irregular como eran no recibir pagos en efectivo; no permitir el subarrendamiento de vehículos concesionados; no hacer base o sitio en la vía pública y, entre otros, ser autos con un valor de factura estimado en 200 mil pesos o más, destacó Bruno González, vocero esta ocasión del colectivo de taxistas.
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